El PSC pide explicaciones por los convenios del Ayuntamiento de Terrassa con una entidad investigada por presunto fraude en las cotizaciones
El grupo municipal del PSC de Terrassa ha reclamado explicaciones al gobierno de Tot per Terrassa por los convenios que el Ayuntamiento ha mantenido con una asociación cultural que está siendo investigada judicialmente por un presunto fraude en las cotizaciones de miles de músicos. La cuestión se planteó el martes 15 de septiembre en la Comisión Informativa de Proyección de Ciudad.
Según expuso el grupo socialista, la Fiscalía solicita en el marco de esa investigación una multa de 55 millones de euros y cerca de nueve años de prisión. Los socialistas sostienen que el procedimiento judicial era ya público en 2024 y que, pese a ello, el consistorio siguió formalizando convenios con la entidad, entre ellos el aprobado en diciembre de 2024 para un proyecto cultural con una aportación municipal de 23.000 euros. La entidad y las personas afectadas por la causa están amparadas por la presunción de inocencia mientras no recaiga sentencia firme.
Las preguntas del grupo municipal
Durante la comisión, el concejal socialista Adrián Sánchez preguntó al ejecutivo municipal si, en el momento de firmar el convenio, tenía constancia del proceso judicial abierto, y si el Ayuntamiento prevé realizar comprobaciones específicas sobre la contratación del personal vinculado al acuerdo, dado que la investigación guarda relación con un posible fraude a la Seguridad Social en la contratación de músicos. El PSC pidió al gobierno de Jordi Ballart que detalle qué controles se aplicaron antes de formalizar los convenios y cómo se supervisó el uso de los fondos públicos comprometidos.
Por qué interesa a la abogacía de Terrassa
El asunto ilustra dos planos jurídicos que rara vez aparecen juntos en el debate municipal. El primero es el de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, introducida en el Código Penal en 2010 y hoy asentada: una asociación o sociedad puede ser investigada y condenada de forma autónoma, con penas de multa que se calculan sobre el perjuicio causado, lo que explica cifras como los 55 millones que se citan. La existencia de un modelo de organización y gestión eficaz —lo que habitualmente se denomina compliance— es el eje sobre el que gira la defensa de la entidad.
El segundo plano es el de la contratación y el fomento público. La Ley General de Subvenciones exige a los beneficiarios acreditar que se hallan al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y la Ley de Contratos del Sector Público regula prohibiciones de contratar ligadas a determinadas condenas. Determinar si una investigación en curso, sin sentencia, activa alguno de esos impedimentos es una cuestión técnica con lecturas discutidas, y se resuelve caso por caso en el terreno del derecho administrativo, con implicaciones también en el ámbito penal.
Fuente: Diari de Terrassa (15 de septiembre de 2026).
