Nueve denuncias por consumo de alcohol en la vía pública en Terrassa: qué procedimiento abre una sanción por incivismo
La Policía Municipal de Terrassa denunció el pasado fin de semana a nueve personas por consumir alcohol en la vía pública en distintos puntos de la ciudad. En el marco del mismo dispositivo, los agentes impusieron además sanciones por otras conductas incívicas asociadas a esas concentraciones. El alcalde, Jordi Ballart, enmarcó la actuación en la defensa del descanso vecinal y la convivencia y afirmó que el consistorio seguirá trabajando «per fer complir les ordenances».
Más allá del dato policial, el interés profesional del episodio está en lo que viene después. Una denuncia de este tipo no es una multa firme: es el acto que da lugar a la incoación de un procedimiento sancionador municipal, tramitado por el Ayuntamiento al amparo de la ordenanza de civismo y convivencia y con arreglo a las reglas generales de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ese procedimiento tiene hitos que conviene no dejar pasar. Del acuerdo de incoación se da traslado al presunto responsable, que dispone de un plazo para formular alegaciones y proponer prueba antes de la propuesta de resolución. La denuncia del agente goza de presunción de veracidad respecto de los hechos constatados directamente, pero esa presunción admite prueba en contrario y no alcanza a las valoraciones jurídicas ni a la calificación de la conducta, de modo que las alegaciones bien construidas tienen recorrido real.
También es habitual que las ordenanzas prevean reducciones por reconocimiento de responsabilidad o pago voluntario anticipado —una opción que abarata la sanción pero cierra la vía de discusión— y, en determinados supuestos, la sustitución de la multa por trabajos en beneficio de la comunidad o por medidas educativas, especialmente cuando el expedientado es menor de edad. Frente a la resolución sancionadora cabe recurso de reposición y, posteriormente, recurso contencioso-administrativo. Conviene vigilar asimismo los plazos de caducidad del expediente y de prescripción de la infracción, dos motivos de anulación frecuentes cuando la tramitación se dilata.
Información original: Diari de Terrassa (21 de septiembre de 2026). En el directorio puedes consultar los despachos de Terrassa especializados en derecho administrativo.
Foto: Enric (CC BY-SA 4.0), vía Wikimedia Commons.
